Extinción de dominio

Los bienes incautados de la corrupción se están pudriendo y se gastan fortunas en cuidarlos

Hay casi 1.000 vehículos, camiones y hasta ropa. El Gobierno paga alquiler de galpones y destina personal a custodiarlos.

Un cementerio de camiones sobresale a mano derecha sobre el kilómetro 24,5 camino a Ezeiza. Maquinaria pesada que sufre las inclemencias del tiempo, perdiendo su valor patrimonial y que, con el correr del tiempo, contamina el suelo a pocos metros de donde la Policía Federal Argentina (PFA) cría y prepara los caballos de las fuerzas especiales.

En el corazón del barrio de la Boca, un galpón que demanda $ 250.000 de alquiler por mes es usado para albergar 35 autos de alta gama secuestrados en causas de narcotráfico y corrupción, y que no pueden utilizarse.

En la extensión del predio de Campo de Mayo, nueve contenedores intentan conservar documentación, objetos de los más diversos, que ya no tienen valor y se convirtieron en basura. Ropa amontonada desde 1998, bolsas y cajas de zapatillas. Todo echado a perder.

La ley de extinción de dominio, según las autoridades a cargo, sería “la solución a estos desperdicios” que representan una erogación millonaria para el Estado en pretender una conservación que no logra ser efectiva.

Periodistas del diario Clarín recorrieron tres depósitos de las Fuerzas Federales que dependen del ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, que son destinados por la Justicia para el resguardo de bienes incautados en causas de lavado de dinero, corrupción, narcotráfico y contrabando.

Con el paso de los años, y sin una decisión judicial para que esos bienes tengan un destino específico, esos espacios que albergan una gran variedad de objetos se transformaron en “cementerios” de chatarra y en algunos casos, basureros.

BMW, Mercedes y Ferraris

Como parte de su jurisdicción, el personal de la Prefectura en el barrio porteño de la Boca es responsable de un galpón custodiado las 24 horas, donde un banner en su principal acceso explica en pocas palabras de qué se trata: “Vehículos recuperados de la corrupción”.

Recorrida por depositos judiciales a raíz de la ley de extinción de dominio.
Depósito de La Boca, Prefectura Nacional.
Fotos Alfredo Martinez

Uno al lado del otro, se observan BMW, Mercedes Benz, color blanco, gris plata, y entre ellos sobresale una Ferrari roja que tiene un valor de mercado de U$S 1.600.000, secuestrada en el marco de la causa que investigó al sindicalista Pata Medina.

Ese galpón que resguarda 35 vehículos de alta gama es alquilado. Exige una erogación mensual para el Estado de $ 250.000 sólo para el resguardo de los vehículos que no pueden ser utilizados y, en caso que así lo autorice la Justicia, “no son funcionales al trabajo de la Fuerza -no podemos realizar ningún tipo de trabajo con una Ferrari-, son onerosos y poco prácticos”, indicó a Clarín Néstor Scarzello, el prefecto Nacional Naval.

Recorrida por depositos judiciales a raíz de la ley de extinción de dominio.
Depósito de La Boca, Prefectura Nacional.
Fotos Alfredo Martinez

La Fuerza no dispone de esos bienes, pero debe -al margen del alquiler del lugar-, destinar fondos para el personal que sólo se ocupa de la custodia y el mantenimiento de los vehículos. Estos gastos, sumado el alquiler representan $ 1,2 millón por mes.

“Destinamos millones de pesos y personal que no está cuidando a la gente para cuidar bienes de corruptos, narcotraficantes y contrabandistas, por eso se requiere una ley de extinción de dominio que sea ágil, que permita la venta de estos bienes o destinarlos a algún uso para que no pierdan su valor”, explicó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a Clarín.

Al recorrer ese espacio que oficia de taller de mantenimiento, el prefecto Scarzello da la orden para que algunos vehículos se pongan en marcha. El sonido invade el galpón. Todos funcionan y están en perfecto estado.

La Ferrari roja sobresale y capta la atención de todos. “Así como nos entregó la Justicia estos bienes porque la Prefectura intervino en los procedimientos, se deben conservar, en funcionamiento; eso demanda recursos humanos y económicos”, detalló.

Recorrida por depositos judiciales a raíz de la ley de extinción de dominio.
Depósito de La Boca, Prefectura Nacional.
Fotos Alfredo Martinez


En todo el país la Fuerza Federal cuenta con 72 depósitos que albergan 992 vehículos y 242 embarcaciones. Pese a las distancias hay un común denominador: inversiones millonarias para la conservación de bienes secuestrados en causas de corrupción sin destino específico.

“Es un gasto para el Estado”, repiten desde la Fuerza y añaden: “Se afecta personal que no está cumpliendo sus funciones reales para custodiar bienes que ni siquiera sabés si van a quedar en manos de la Prefectura para algún fin”. Por ello el prefecto entiende que una ley de extinción de dominio “permite rápidamente subastar y vender y ese dinero vuelve a manos del Estado”.

Recorrida por depositos judiciales a raíz de la ley de extinción de dominio.
Depósitos en Ezeiza, Policía Federal.
Fotos Alfredo Martinez

Camiones y caballos

Con un marcado antagonismo, otro predio bajo el concepto de guarda judicial se erige en un haras que pertenece a la Policía Federal. Allí, conviven 52 camiones para actividad industrial desde septiembre de 2018, con un establo dedicado a la cría y entrenamiento de 72 caballos para la policía montada.

Alejado de la ciudad y con más de 150 hectáreas, contrasta la imagen de la naturaleza con la de los camiones oxidados, con sus cubiertas pinchadas y deterioradas. Una gran cantidad de vehículos que no quedan ajenos a las inclemencias del tiempo y cuyo valor se deprecia mes a mes.

Esta propiedad originalmente es el hábitat de aquellos caballos que son parte de la PFA. “Si no estuvieran los camiones, cuando se los suelta, los caballos circularían por allí”, cuenta a Clarín uno de los encargados del cuidado de los equinos.

Los animales, que son de una raza especial argentina, cumplen un ciclo de preparación de unos cinco años hasta que “entran en funciones”, como detalla la subinspectora veterinaria María Soledad Gargolina. Hace cuatro meses conviven con 52 camiones.

Recorrida por depósitos judiciales a raíz de la ley de extinción de dominio.
Depósitos en Ezeiza, Policía Federal.
Fotos Alfredo Martinez

Y allí, en medio del campo, desde la ruta se observa lo que ya comienzan a denominar un “cementerio de camiones”. Se trata de una flota de maquinaria pesada para labor industrial que se buscó ingresar al país desde Estados Unidos como camiones de ruta y fueron secuestrados. El predio sobre el kilómetro 24.5 camino a Ezeiza era -para la Justicia-, el más apto para alojarlos hasta que avance el expediente y se decida qué hacer con el medio centenar de camiones.

Mabel Franco, la primera mujer en ser subjefe de la PFA junto al comisario inspector Mariano Giuffra, realizan una cuenta veloz y sostienen que en ese campo tienen más de $ 205 millones en maquinaria pesada. “Con la extinción de dominio eso ya no estaría acá, se habría vendido o rematado y ese dinero se destinaría a otros fines”, señaló Franco.

Recorrida por depositos judiciales a raíz de la ley de extinción de dominio.
Depósitos en Ezeiza, Policía Federal.
Fotos Alfredo Martinez

No es sólo la contaminación visual que ese parque automotor genera, las autoridades de la PFA también cuentan sobre el daño ambiental que se produce con el avance del deterioro de la maquinaria, los fluidos que pueden expedir y su estancia prolongada allí. En ese marco, Giuffra señaló que con una ley de extinción, “no se utilizaría el personal que debería estar cumpliendo funciones de seguridad, para custodiar los camiones”.

Recorrida por depositos judiciales a raíz de la ley de extinción de dominio.
Depósitos en Campo de Mayo, Gendarmería Nacional.
Fotos Alfredo Martinez

Un basurero millonario

El recorrido concluyó en Campo de Mayo, en la división a cargo de Gendarmería Nacional, donde se encuentra una suerte de “basurero” contenido por un galpón de 600 metros cuadrados.

En su pared derecha alberga una montaña de ropa. Sobresalen en esa desprolija pila que llega hasta el techo sacos, pantalones, remeras, camperas. Todo está podrido. No sirve. Está depositado en ese lugar desde 1998 en el marco de una causa por contrabando. Al fondo de ese largo espacio donde el calor es agobiante, bolsas de color blanco y otras de consorcio, se transforman en un cúmulo de DVD y CD; ya no tienen ningún tipo de valor.

Conviven en ese depósito objetos de los más diversos: cubiertas, tachos industriales de aceite, bicicletas, zapatillas de una gran variedad de números, computadoras, documentación. Todo se echó a perder y para evitar daños ambientales tanto como de salubridad, Gendarmería realiza licitaciones trimestrales para desinfectar la zona. Ese galpón albergaba vehículos de la Fuerza que ahora están a la intemperie.

Recorrida por depositos judiciales a raíz de la ley de extinción de dominio.
Depósitos en Campo de Mayo, Gendarmería Nacional.
Fotos Alfredo Martinez

Nada se puede tirar ni mover de su lugar: dependen de una orden judicial. El subdirector Nacional de Gendarmería, comandante general Ernesto Robino, explicó que ofician de depósito judicial de efectos secuestrados en diferentes causas. “Cuatro hombres por día están afectados a la custodia del lugar”.

Nueve contenedores (cada uno cuesta $ 15.800 por mes en concepto de alquiler), complementan el almacenaje de objetos.

Ya no hay espacio y una gran cantidad de indumentaria quedó a la intemperie. “La ropa, las zapatillas, otros objetos de utilidad podrían haberse destinado a personas con necesidad, pero al no tener una orden judicial que lo habilite, sólo nos compete la tarea de su resguardo, hay ropa que tenemos desde 1998”, detalló Robino.

Recorrida por depositos judiciales a raíz de la ley de extinción de dominio.
Depósitos en Campo de Mayo, Gendarmería Nacional.
Fotos Alfredo Martinez

A pocos minutos de allí, por unos caminos internos de Campo de Mayo, se llega a un corralón lindante a un predio con una pista de aterrizaje y un hangar del Ejército. Unos lockers metálicos de vestidores marcan el perímetro, reflejando el improvisado espacio. En la primera fila, en un suelo donde sobresalen el pasto y flores silvestres, se observan autos Mercedes-Benz, BMW, Audi y un Camaro Rojo que pertenecía a Balcedo.

Hay en total 266 vehículos, cuyo importe estiman en más de $ 30 millones. Pero día a día, pierden valor. En las filas siguientes de autos, el deterioro es más notorio.

Detrás de un alambrado hay vehículos oxidados, sin neumáticos, sin vidrios y con chapas corroídas Están desde 1996. “Ese (señalando ese lado del alambrado) es el futuro de estos autos nuevos de alta gama”, prevé el subdirector de Gendarmería.

Recorrida por depositos judiciales a raíz de la ley de extinción de dominio.
Depósitos en Campo de Mayo, Gendarmería Nacional.
Fotos Alfredo Martinez

“Perdemos millones de pesos por mes, la ciudadanía pierde dos veces, por el robo perpetrado por los delincuentes y porque después se destinan fondos del Estado a cuidar los bienes de los corruptos, narcotraficantes. Por eso necesitamos otro mecanismo que sea eficiente”, sostuvo la ministra de Seguridad.

Estos depósitos son sólo una muestra de otra gran cantidad que se encuentra, principalmente, en el NEA y la zona de frontera al norte del país. Allí la cantidad de elementos secuestrados es superior, pero con la misma impronta: el deterioro de bienes que se vuelven ociosos.

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